Familiares de víctimas de falsos positivos en el Oriente antioqueño relataron ante la JEP los crímenes perpetrados por actores armados entre 2004 y 2006.
Ante magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, familiares víctimas de ‘falsos positivos’ perpetrados por actores armados entre 2004 y 2006 en el Oriente antioqueño, relataron los crímenes de los cuales fueron víctimas sus seres queridos y en los que hoy aún no saben qué pasó con ellos ni dónde están sus cuerpos.
La audiencia se realizó en El Carmen de Viboral y participaron 220 víctimas. Según relatos, sus familiares fueron engañados con propuestas de falsos trabajos en Cali.
María Teresa Botero, familiar de una víctima Falso Positivo, afirma que “Antioquia lidera con 1.613 víctimas de ejecuciones, principalmente en Granada y el corregimiento de Santa Ana donde todavía siguen siendo estigmatizados, una persona por tan solo decir en la cédula que es de Granada ya lo tildan y lo tratan de guerrillero”.
El departamento de Antioquia reúne una cuarta parte de todos los falsos positivos reportados en el país.
Según Catalina Díaz, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, “son 1.613 personas solo entre el 2002 y el 2008 que fueron asesinadas para ser presentadas falsamente como bajas en combate en todo el departamento, Antioquia supera con creces el segundo departamento que es el Meta”.
Aunque cerca de 80 integrantes de la fuerza pública que habrían participado de las masacres están compareciendo ante la JEP, lo que alegan las víctimas es que estos aún no confiesan toda la verdad.
Juan David Viveros, representante de Víctimas, explicó que son espacios donde las víctimas han podido expresar sus opiniones y “desmentir los decires de comparecientes que se comprometieron a portar verdad completa, detallada y exhaustiva ante la JEP, y que hasta ahora algunos no han cumplido con esos deberes para obtener los beneficios que les aporta un régimen de condicionalidad”.
Según las víctimas, aún son estigmatizados, algunos por su vestimenta y otros por ser líderes sociales. Piden que los casos no queden impunes.
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